SOCIOS, ACCIONISTAS, ASOCIADOS … ¿DE QUIEN DEBEMOS INFORMAR?

AVISO AL RFC DE MODIFICACIÓN ACCIONARIA EN SOCIEDADES

(vence el 30 de junio de 2020)

 

 

En relación a la nueva obligación que surge a partir del 2020, en la que resulta obligatorio presentar un aviso al RFC informando nombre y clave de RFC de todo los socios o accionistas cada que se realice una modificación o incorporación  respecto de ellos, es importante considerar lo siguiente:

  1. La disposición, que nace en el 2020, pudiera ser:
    1. una herramienta de fiscalización a los socios de toda persona moral,
    2. futura fiscalización a las enajenaciones de acciones en las que no se retuvo el ISR correspondiente
    3. un elemento para el cruce de datos interno y con otras autoridades penales o administrativas, nacionales o extranjeras, en busca de actividades ilícitas como el lavado de dinero (GAFI ¿?),
    4. la forma efectiva de conocer partes relacionadas o
    5. la eliminación de plano, del velo corporativo al revelarle a la autoridad (sin saber quien o quienes tienen acceso a ésta información), la estructura accionaria de las empresas, los datos de sus socios, el tipo de acciones,
    6. que forma aparte de una reforma integral con LSGCM, Ley Antilavado, Código Penal, etc….
    7. etc.
  2. Ésta nueva disposición, desafortunadamente no goza de la mejor redacción y, para empezar, ni siquiera apunta claramente quien será la persona obligada al cumplimiento de esta nueva obligación.   Por si ello fuera poco, se dice que los términos de presentación de éste aviso estarán contenido en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, dicho ordenamiento no contiene aun ni siquiera la referencia al dispositivo en comento.

En efecto, el Art. 27 del CFF señala como obligación específica para las personas morales, el presentar un aviso en el registro federal de contribuyentes, a través del cual informen el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de los socios o accionistas, pero no indica si se trata de sus socios o sobre cuales socios y accionistas -específicamente-, debe informarse;   lo anterior inclusive, puede ser interpretado ampliamente pues  la disposición señala que el aviso debe presentarse cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a estos (sic). ¿modificación o incorporación?   Esa “o” entre “modificación” e “incorporación”, es una conjunción disyuntiva que puede ser exclusiva, abierta o de equivalencia denominativa, lo cual plantearía casuísticas muy distintas para saber si se trata de altas y bajas de socios o modificación de alguna calidad específica de socios o a qué movimiento societario se refiere puntualmente (la LGSM ni siquiera contiene la palabra (incorporación”).

En todo caso, por persona moral tendríamos que atender a lo que señala el Art. 25 del Código Civil Federal (por aplicación supletoria derivada del Art. 5 del CFF), mismo que enumera quienes son las personas morales incluyendo sociedades civiles o mercantiles, sindicatos, cooperativas, mutualistas, asociaciones civiles dedicadas a fines lícitos, etc.    Así, la obligación sería aplicable a cualquier tipo de éstas personas morales que tengan “socios” o “accionistas”, es decir, sin ampliar el alcance de la norma a asociados u otra figura asociativa que pudiera existir.

  1. Posteriormente -con independencia de referencias poco precisas-, la Miscelánea Fiscal para 2020 (cuya función sería la de otorgar facilidades, no la de asumir que deviene de una cláusula habilitante del propio CFF o la de imponer obligaciones más allá de la Ley), señala que son las personas morales quienes tienen a su cargo ésta obligación, de lo que se sigue que presumiblemente sería ellas quienes tendrían una sanción por el incumplimiento, sin embargo, ello también sería complicado, habida cuenta que el Código Fiscal de la Federación, no contiene una sanción específica para ésta conducta (principio de tipicidad), aunque hay quien opina que la sanción genérica sería la aplicable, independientemente de que si tal es el criterio, podría también ser restringido el uso de sellos digitales.

Las disposiciones transitorias de la Miscelánea, llegan aun más lejos al señalar una nueva obligación que no contempla la norma primaria, al “disponer” que  éstas personas morales cuentan con 30 días a partir de que se de la modificación o incorporación de socios, para la presentación de las modificaciones al RFC aquí referidas y señala una “ficha de trámite” que indicaría el procedimiento a realizar.   Al revisar dicha ficha, encontramos que, en efecto, la autoridad pretende que las personas morales presenten un aviso al RFC cada vez que se presente una modificación o incorporación de sus socios o accionistas y acompañen a dicho aviso, los documentos protocolizados que acrediten el tipo de modificación.

Finalmente, la citada ficha establece que a más tardar el 30 de junio de 2020, las personas morales deberán presentar un aviso extraordinario señalando cómo es que se encuentra actualmente su estructura corporativa, esto es, los socios y accionistas actuales con su correspondiente RFC.

 

Lo anterior plantea muchos cuestionamientos y al mismo tiempo argumentos de defensa contra una posible y no deseada sanción por parte de la autoridad fiscal frente a la falta de presentación del aviso al RFC por la incorporación de nuevos socios, la variación de éstos en la estructura accionaria de la persona moral, etc.  Así mismo, representa una obligación que revelaría, a través de documentos protocolizados, más información de la que quisiera ventilarse ante una autoridad administrativa.

Confiamos en que muy pronto las autoridades harán las adecuaciones necesarias para poder  clarificar ésta norma y no dejar al contribuyente en estado de indefensión, pues lo cierto es que al 30 de junio de 2020, esperan que todas las personas morales que no tengan actualizado ante el SAT quienes son los socios que las integran, presenten su estructura actual de socios y accionistas y, posteriormente, cada que ésta varíe, estarán atentas al aviso correspondiente y, porqué no, a cotejar dicho aviso con las retenciones que, en su caso, se generen por la enajenación de acciones que tenga lugar en la vida corporativa de las sociedades.

 

En razón de lo anterior, le invitamos a  contactarnos para revisar un plan de acción que pueda satisfacer la exigencia fiscal que ésta nueva norma nacida en 2020 implica, sin poner en riesgo información corporativa de la empresa que pudiera significar un retiro voluntario del velo corporativo.

 

 

 

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Santiago Galván

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