La determinación de existencia de una operación en manos de la autoridad fiscal

OPERACIONES CUYA DETERMINACIÓN DE VALIDEZ SE DEJA EN MANOS DE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA

 

Detectar a quienes emiten los comprobantes fiscales por operciones simuladas, es el fin del Art. 69-B del CFF.    En cambio, la verificacion de los requisitos de los comprobantes para acreditar su procedencia como deducción, es un procedimiento distinto que emana del Art. 42 (facultades de comprobación) del CFF.

 

No obstante, aunque son procedimientos diferenciados, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación valida el hecho de que en el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad (auditoría, revisión, gabinete, requerimiento, etc.), pueda legalmente llegar a determinar que una operación es inexistente -así como sus efectos fiscales-,  con base en su  revisión al registro contable y los comprobantes fiscales exhibidos por el contribuyente sujeto a sus facultades de comprobación si el contribuyente no acredita su materialidad.

 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.    El procedimiento citado tiene como objetivo acabar con el tráfico de comprobantes fiscales y evitar el daño generado a las finanzas públicas y a quienes cumplen con su obligación de contribuir al gasto público, lo cual pone de relieve que mediante este procedimiento no se busca como ultima ratio eliminar los efectos producidos por los comprobantes fiscales, sino detectar quiénes emiten documentos que soportan actividades o actos inexistentes. En cambio, para corroborar si los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos legales o que fueron idóneos para respaldar las pretensiones del contribuyente a quien le fueron emitidos, la autoridad fiscal cuenta con las facultades de comprobación contenidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, se trata de procedimientos distintos y no es necesario que la autoridad fiscal haya llevado a cabo el procedimiento previsto en el artículo 69-B para, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinar la improcedencia de las pretensiones del contribuyente basándose en el hecho de ser inexistentes los actos o actividades registrados en su contabilidad y respaldados en los comprobantes fiscales exhibidos. Además, es evidente que la atribución consignada en el artículo 69-B no excluye las facultades contempladas en el artículo 42 destinadas a comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los causantes, dentro de las cuales se encuentra inmersa la de verificar la materialidad de las operaciones económicas gravadas. De tal manera que si el contribuyente sujeto a las facultades de comprobación no acredita la real materialización de las actividades u operaciones registradas en su contabilidad y comprobantes fiscales, la autoridad fiscal válidamente podrá declarar su inexistencia, y determinar que esos documentos carecen de valor probatorio y, por ello, no podrá tomarlos en cuenta para efectos de la procedencia de la pretensión del contribuyente.

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 405/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Trigésimo Circuito, y Primero y Tercero, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 24 de abril de 2019. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Disidente: Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Ron Snipeliski Nischli.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver la revisión fiscal 3/2017, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 6/2018.

Tesis de jurisprudencia 78/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de mayo de dos mil diecinueve.

Época: Décima Época

Registro: 2020068

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 14 de junio de 2019 10:20 h

Materia(s): (Administrativa)

Tesis: 2a./J. 78/2019 (10a.)

Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

 

Aunque la anulación o resolución de inexistencia de ciertas operaciones por parte de la autoridad fiscal no representa una declaratoria de invalidez jurídica, sino tan solo la imposibilidad de darle efectos fiscales, es indispensable cuidar que la contabilidad financiera, la contabilidad fiscal y en general los sistemas de control de cumplimiento de las empresas, otorguen atención especial a dotar de materialidad a cada operación que se registra a través del cumplimiento de las obligaciones fiscales inherentes al comprobante fiscal, a sus requisitos y, como soporte principal, a su adecuado registro contable.

Así, las empresas, con independencia de que deben ser muy precisos en el cabal cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la implementación de un adecuado “compliance”, tendrán que privilegiar el uso adecuado y profesional de la técnica contable para el adecuado registro de sus operaciones, pues, tal como los Tribunales han sostenido, las Normas de Información Financiera (NIF) constituyen una herramienta útil en los casos en que se debe evaluar y resolver un problema que involucre no solo temas jurídicos, sino también contables y financieros,

Observar el principio de la sustancia económica a efectos de acreditar la existencia de alguna transacción resulta prioritario.   Es más, el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha señalado que  el postulado básico de la norma de información financiera A-2 es que prevalezca la sustancia económica  sobre la forma, respecto de los eventos económicos de una empresa que se registran,  es decir, que solo deben registrarse las operaciones que existen -razón de negocios-, y que, además, en dicho registro debe prevalecer el fondo o sustancia económica sobre la forma legal.